Código Penal - De las penas privativas de derechos

 

Código Penal - Home

LIBRO I

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS DELITOS Y LAS FALTAS, LAS

PERSONAS RESPONSABLES, LAS PENAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y

DEMÁS CONSECUENCIAS DE LA INFRACCIÓN PENAL

TÍTULO III

DE LAS PENAS

CAPÍTULO I

De las penas, sus clases y efectos

SECCIÓN 3ª

De las penas privativas de derechos

Artículo 3926

Son penas privativas de derechos:

a) La inhabilitación absoluta.

b) Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio,

industria o comercio, u otras actividades determinadas en este Código, o de los derechos de patria potestad, tutela, guarda o curatela, derecho de sufragio

pasivo o de cualquier otro derecho.


26 Modificado por LO 15/2003. Texto anterior:

Son penas privativas de derechos:

a) La inhabilitación absoluta.

b) Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o

comercio, o de los derechos de patria potestad, tutela, guarda o curatela, derecho de sufragio

pasivo o de cualquier otro derecho.

c) La suspensión de empleo o cargo público.

d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.

e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

f) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, o la prohibición de

aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o

Tribunal, o de comunicarse con ellos.

g) Los trabajos en beneficio de la comunidad.



c) La suspensión de empleo o cargo público.

d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.

e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

f)27 La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos.

g) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u

otras personas que determine el Juez o Tribunal.

h) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares

u otras personas que determine el Juez o Tribunal.

i) Los trabajos en beneficio de la comunidad.

j)28 La privación de la patria potestad.

Artículo 4029

1. La pena de inhabilitación absoluta tendrá una duración de seis a veinte años;

las de inhabilitación especial, de tres meses a 20 años, y la de suspensión de

empleo o cargo público, de tres meses a seis años.

2. La pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores,

y la de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, tendrán una

duración de tres meses a 10 años.

3. La pena de privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a

ellos tendrá una duración de hasta 10 años. La prohibición de aproximarse a la

víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas, o de comunicarse con

ellas, tendrá una duración de un mes a 10 años.

4. La pena de trabajos en beneficio de la comunidad tendrá una duración de un

día a un año.


27 Modificación iniciada por LO 13/1999. Texto anterior: “La privación del derecho a residir en

determinados lugares o acudir a ellos”.

28 Añadido por LO 5/2010.

29 Modificado por LLOO 7/2000 y 14/2003. Texto original: “La pena de inhabilitación absoluta

tendrá una duración de seis a veinte años, las de inhabilitación especial, de seis meses a veinte

años, la de suspensión de empleo o cargo público, de seis meses a seis años, la de privación del

derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores y la de privación del derecho a la tenencia y

porte de armas, de tres meses a 10 años; la de privación del derecho a residir o acudir a

determinados lugares, de seis meses a cinco años; y la de trabajos en beneficio de la comunidad,

de un día a un año.

Texto anterior: “La pena de inhabilitación absoluta tendrá una duración de seis a veinte años,

salvo lo que excepcionalmente dispongan otro preceptos del presente Código; las de inhabilitación

especial, de seis meses a veinte años la de suspensión de empleo o cargo público, de seis meses

a seis años; la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores y la de

privación de derecho a la tendencia y porte de armas, de tres meses a 10 años; la de privación del

derecho a residir o acudir a determinados lugares, de seis meses a cinco años, y la de trabajos en

beneficio de la comunidad, de un día a un año.”


5. La duración de cada una de estas penas será la prevista en los apartados

anteriores, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del

presente Código.

Artículo 41

La pena de inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los

honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos.

Produce, además, la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros

honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante

el tiempo de la condena.

Artículo 4230

La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público produce la

privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere, aunque sea

electivo, y de los honores que le sean anejos. Produce, además, la incapacidad

para obtener el mismo u otros análogos, durante el tiempo de la condena. En la

sentencia habrán de especificarse los empleos, cargos y honores sobre los que

recae la inhabilitación.

Artículo 43

La suspensión de empleo o cargo público priva de su ejercicio al penado durante el

tiempo de la condena.

Artículo 44

La inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo priva al penado,

durante el tiempo de la condena, del derecho a ser elegido para cargos públicos.

Artículo 45

La inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio o cualquier

otro derecho, que ha de concretarse expresa y motivadamente en la sentencia,

priva al penado de la facultad de ejercerlos durante el tiempo de la condena.

30 Modificado por LO 15/2003. Texto anterior: “La pena de inhabilitación especial para empleo o

cargo público produce la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere y de los

honores que le sean anejos. Produce, además la incapacidad para obtener el mismo u otros

análogos, durante el tiempo de la condena. En la sentencia habrán de especificarse los empleos,

cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación.”

Artículo 4631

La inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela,

guarda o acogimiento, priva al penado de los derechos inherentes a la primera, y

supone la extinción de las demás, así como la incapacidad para obtener

nombramiento para dichos cargos durante el tiempo de la condena. La pena de

privación de la patria potestad implica la pérdida de la titularidad de la misma,

subsistiendo los derechos de los que sea titular el hijo respecto del penado. El

juez o tribunal podrá acordar estas penas respecto de todos o alguno de los

menores o incapaces que estén a cargo del penado, en atención a las

circunstancias del caso.

A los efectos de este artículo, la patria potestad comprende tanto la regulada en

el Código Civil, incluida la prorrogada, como las instituciones análogas previstas

en la legislación civil de las Comunidades Autónomas.

Artículo 47

La imposición de la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor

y ciclomotores inhabilitará al penado para el ejercicio de ambos derechos

durante el tiempo fijado en la sentencia.

La imposición de la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas

inhabilitará al penado para el ejercicio de este derecho por el tiempo fijado en la

sentencia.

Cuando la pena impuesta lo fuere por un tiempo superior a dos años comportará

la pérdida de vigencia del permiso o licencia que habilite para la conducción o la

tenencia o porte, respectivamente32.

Artículo 4833

134. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito o falta, o

a aquél en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos.


31 Modificado inicialmente por LO 15/2003. Texto original: “La inhabilitación especial para el

ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, priva al penado de los

derechos inherentes a la primera, y supone la extinción de las demás, así como la incapacidad

para obtener nombramiento para dichos cargos durante el tiempo de la condena.” Posteriormente,

modificado por LO 5/2010. Texto anterior: “La inhabilitación especial para el ejercicio de la patria

potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, priva al penado de los derechos inherentes a la

primera, y supone la extinción de las demás, así como la incapacidad para obtener nombramiento

para dichos cargos durante el tiempo de la condena. El juez o tribunal podrá acordar esta pena

respecto de todos o de alguno de los menores que estén a cargo del penado, en atención a las

circunstancias del caso.”

32 Último párrafo añadido por LO 15/2007.

33 Modificado previamente por LO 14/1999. Texto original: “La privación del derecho a residir en

determinados lugares o acudir a ellos impide al penado volver al lugar en que haya cometido el

delito, o a aquél en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos”.

Texto anterior:

La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al penado

volver al lugar en que haya cometido el delito, o a aquél en que resida la víctima o su familia, si

fueren distintos.

La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que

determine el Juez o Tribunal, impide al penado acercarse a ellos en cualquier lugar donde se

encuentren, así como acercarse al domicilio de dichas personas, a sus lugares de trabajo y a

cualquier otro que sea frecuentado por ellas.

La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas

que determine el Juez o Tribunal, impide al penado establecer con ellos, por cualquier medio de

comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual.”



2. La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u

otras personas que determine el Juez o Tribunal, impide al penado acercarse a

ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su

domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por

ellos, quedando en suspenso, respecto de los hijos, el régimen de visitas,

comunicación y estancia que, en su caso, se hubiere reconocido en sentencia

civil hasta el total cumplimiento de esta pena35.

3. La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares

u otras personas que determine el Juez o Tribunal, impide al penado establecer

con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático,

contacto escrito, verbal o visual.

4. El Juez o Tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se realice a

través de aquellos medios electrónicos que lo permitan.

Artículo 4936

Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el

consentimiento del penado, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en

determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación

con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de

reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así

como en la participación del penado en talleres o programas formativos o de

reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares. Su

duración diaria no podrá exceder de ocho horas y sus condiciones serán las

siguientes37:


34 Modificado por LO 5/2010. Texto anterior: “La privación del derecho a residir en determinados

lugares o acudir a ellos impide al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o

a aquél en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos”.

35 CI inadmitida a trámite: STC 139/2008.

36 Párrafo modificado por LO 15/2003. Texto anterior:

Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin consentimiento del

penado, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad

pública. Su duración diaria no podrá exceder de ocho horas y sus condiciones serán las siguientes:

1ª. La ejecución se desarrollará bajo el control del Juez o Tribunal sentenciador, que, a tal efecto,

podrá requerir informes sobre el desempeño del trabajo a la Administración, entidad pública o

asociación de interés general en que se presten los servicios.

2ª. No atentará a la dignidad del penado.

3ª. El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración, la cual podrá

establecer los convenios oportunos a tal fin.

4ª. Gozará de la protección dispensada a los penados por la legislación penitenciaria en materia

de Seguridad Social.

5ª. No se supeditará al logro de intereses económicos.

Las demás circunstancias de su ejecución se establecerán reglamentariamente de acuerdo con

lo dispuesto en la ley penitenciaria, cuyas disposiciones se aplicarán supletoriamente en lo no

previsto expresamente en este Código”

37 Modificado por LO 5/2010. Texto anterior: “Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no

podrán imponerse sin el consentimiento del penado, le obligan a prestar su cooperación no

retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con

delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños

causados o de apoyo o asistencia a las víctimas. Su duración diaria no podrá exceder de ocho

horas y sus condiciones serán las siguientes:”.


1ª. La ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia

Penitenciaria, que, a tal efecto, requerirá los informes sobre el desempeño del

trabajo a la Administración, entidad pública o asociación de interés general en

que se presten los servicios.

2ª. No atentará a la dignidad del penado.

3ª. El trabajo en beneficio de la Comunidad será facilitado por la Administración,

la cual podrá establecer los convenios oportunos a tal fin.

4ª. Gozará de la protección dispensada a los penados por la legislación

penitenciaria en materia de Seguridad Social.

5ª. No se supeditará al logro de intereses económicos.

6.ª Los servicios sociales penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias,

comunicarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria las incidencias relevantes de la

ejecución de la pena y, en todo caso, si el penado:

a) Se ausenta del trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre que

ello suponga un rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena.

b) A pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo, su

rendimiento fuera sensiblemente inferior al mínimo exigible.

c) Se opusiera o incumpliera de forma reiterada y manifiesta las instrucciones

que se le dieren por el responsable de la ocupación referidas al desarrollo de la

misma.

d) Por cualquier otra razón, su conducta fuere tal que el responsable del trabajo

se negase a seguir manteniéndolo en el centro.

Una vez valorado el informe, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar su

ejecución en el mismo centro, enviar al penado para que finalice la ejecución de

la misma en otro centro o entender que el penado ha incumplido la pena.

En caso de incumplimiento, se deducirá testimonio para proceder de

conformidad con el artículo 468.

7.ª Si el penado faltara del trabajo por causa justificada no se entenderá como

abandono de la actividad. No obstante, el trabajo perdido no se le computará en

la liquidación de la condena, en la que se deberán hacer constar los días o

jornadas que efectivamente hubiese trabajado del total que se le hubiera

impuesto.


Código Penal - De las penas privativas de derechos