Código Penal - De las medidas no privativas de libertad

 

Código Penal - Home

LIBRO I

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS DELITOS Y LAS FALTAS, LAS

PERSONAS RESPONSABLES, LAS PENAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y

DEMÁS CONSECUENCIAS DE LA INFRACCIÓN PENAL

TÍTULO IV

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

CAPÍTULO II

De la aplicación de las medidas de seguridad

SECCIÓN 2ª

De las medidas no privativas de libertad

Artículo 105104

En los casos previstos en los artículos 101 a 104, cuando imponga la medida

privativa de libertad o durante la ejecución de la misma, el Juez o Tribunal podrá

imponer, razonadamente, una o varias que se enumeran a continuación. Deberá

asimismo imponer alguna o algunas de dichas medidas en los demás casos

expresamente previstos en este Código.

1. Por un tiempo no superior a cinco años:

a) Libertad vigilada

b) Custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y

vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia y sin menoscabo de las actividades

escolares o laborales del custodiado.


104 Modificado previamente por LO 15/2003. Texto original: “En los casos previstos en los artículos

101 a 104, el Juez o Tribunal podrá acordar razonadamente, desde un principio o durante la

ejecución de la sentencia, la imposición de la observancia de una o varias de las siguientes

medidas:

1. Por un tiempo no superior a cinco años:

a) Sumisión a tratamiento externo en centros médicos o establecimientos de carácter sociosanitario.

b) Obligación de residir en un lugar determinado.

c) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe. En este caso, el sujeto quedará

obligado a declarar el domicilio que elija y los cambios que se produzcan.

d) Prohibición de acudir a determinados lugares o visitar establecimientos de bebidas

alcohólicas.

e) Custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar

que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia y

sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado.

f) Sometimiento a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, de educación

sexual y otros similares.

g) Prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que

determine el Juez o Tribunal, o de comunicarse con ellos.

2. Por un tiempo de hasta 10 años:

a) La privación de la licencia o del permiso de armas.

b) La privación del derecho a la conducción de vehículos a motor y ciclomotores.

El Juez de Vigilancia Penitenciaria o los servicios correspondientes del Ministerio de Justicia e

Interior o de la Administración Autonómica informarán al Juez o Tribunal sentenciador sobre el

cumplimiento de estas medidas.”

Texto anterior a la LO 5/2010: “En los casos previstos en los artículos 101 a 104, el juez o

tribunal cuando imponga la medida privativa de libertad, o durante la ejecución de la misma, podrá

acordar razonadamente la obligación de que el sometido a la medida observe una o varias de las

siguientes medidas:

1. Por un tiempo no superior a cinco años:

a) Sumisión a tratamiento externo en centros médicos o establecimientos de carácter sociosanitario.

b) Obligación de residir en un lugar determinado.

c) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe. En este caso, el sujeto quedará

obligado a declarar el domicilio que elija y los cambios que se produzcan.

d) Prohibición de acudir a determinados lugares o territorios, espectáculos deportivos o

culturales, o de visitar establecimientos de bebidas alcohólicas o de juego.

e) Custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar

que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia y

sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado.

f) Sometimiento a programas de tipo formativo, cultural, educativo profesional, de educación

sexual y otros similares.

g) Prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que

determine el juez o tribunal, o de comunicarse con ellos [reformado por LO 14/1999; texto anterior,

inciso añadido por LO 11/1999: “Prohibición de aproximarse a la víctima o de comunicarse con ella

o con su familia.”].

2. Por un tiempo de hasta 10 años:

a) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

b) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.

Para decretar la obligación de observar alguna o algunas de las medidas previstas en este

artículo, el juez o tribunal sentenciador deberá valorar los informes emitidos por los facultativos y

profesionales encargados de asistir al sometido a la medida de seguridad.

El Juez de Vigilancia Penitenciaria o los servicios de la Administración correspondiente

informarán al juez o tribunal sentenciador”.


2. Por un tiempo de hasta diez años:

a) Libertad vigilada, cuando expresamente lo disponga este Código.

b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

c) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.

Para decretar la obligación de observar alguna o algunas de las medidas

previstas en este artículo, el Juez o Tribunal sentenciador deberá valorar los

informes emitidos por los facultativos y profesionales encargados de asistir al

sometido a la medida de seguridad.

El Juez de Vigilancia Penitenciaria o los servicios de la Administración

correspondiente informarán al Juez o Tribunal sentenciador.

En los casos previstos en este artículo, el Juez o Tribunal sentenciador

dispondrá que los servicios de asistencia social competentes presten la ayuda o

atención que precise y legalmente le corresponda al sometido a medidas de

seguridad no privativas de libertad.

Artículo 106105

1. La libertad vigilada consistirá en el sometimiento del condenado a control

judicial a través del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las

siguientes medidas:

a) la obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que

permitan su seguimiento permanente.

b) la obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el Juez o Tribunal

establezca.

c) la de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el

Juez o Tribunal señale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o del

lugar o puesto de trabajo.

d) la prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado

territorio sin autorización del Juez o Tribunal.

e) la prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u

otras personas que determine el Juez o Tribunal.

f) la prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares

u otras personas que determine el Juez o Tribunal.

g) la prohibición de acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos.

h) la prohibición de residir en determinados lugares.

i) la prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle

o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza.

j) la obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de

educación sexual u otros similares.

k) la obligación de seguir tratamiento médico externo o de someterse a un

control médico periódico.


105 Modificado por LO 5/2010. Texto anterior: “En los casos previstos en el artículo anterior, el Juez

o Tribunal sentenciador dispondrá que los servicios de asistencia social competentes presten la

ayuda o atención que precise y legalmente le corresponda al sometido a medidas de seguridad no

privativas de libertad”.


2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105, el Juez o Tribunal deberá

imponer en la sentencia la medida de libertad vigilada para su cumplimiento

posterior a la pena privativa de libertad impuesta siempre que así lo disponga de

manera expresa este Código.

En estos casos, al menos dos meses antes de la extinción de la pena privativa

de libertad, de modo que la medida de libertad vigilada pueda iniciarse en ese

mismo momento, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, por el procedimiento

previsto en artículo 98, elevará la oportuna propuesta al Juez o Tribunal

sentenciador, que, con arreglo a dicho procedimiento, concretará, sin perjuicio

de lo establecido en el artículo 97, el contenido de la medida fijando las

obligaciones o prohibiciones enumeradas en el apartado 1 de este artículo que

habrá de observar el condenado.

Si éste lo hubiera sido a varias penas privativas de libertad que deba cumplir

sucesivamente, lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá referido al

momento en que concluya el cumplimiento de todas ellas.

Asimismo, el penado a quien se hubiere impuesto por diversos delitos otras

tantas medidas de libertad vigilada que, dado el contenido de las obligaciones o

prohibiciones establecidas, no pudieran ser ejecutadas simultáneamente, las

cumplirá de manera sucesiva, sin perjuicio de que el Juez o Tribunal pueda

ejercer las facultades que le atribuye el apartado siguiente.

3. Por el mismo procedimiento del artículo 98, el Juez o Tribunal podrá:

a) modificar en lo sucesivo las obligaciones y prohibiciones impuestas.

b) reducir la duración de la libertad vigilada o incluso poner fin a la misma en

vista del pronóstico positivo de reinserción que considere innecesaria o

contraproducente la continuidad de las obligaciones o prohibiciones impuestas.

c) dejar sin efecto la medida cuando la circunstancia descrita en la letra anterior

se dé en el momento de concreción de las medidas que se regula en el número

2 del presente artículo.

4. En caso de incumplimiento de una o varias obligaciones el Juez o Tribunal, a

vista de las circunstancias concurrentes y por el mismo procedimiento indicado

en los números anteriores, podrá modificar las obligaciones o prohibiciones

impuestas.

Si el incumplimiento fuera reiterado o grave, revelador de la voluntad de no

someterse a las obligaciones o prohibiciones impuestas, el Juez deducirá,

además, testimonio por un presunto delito del artículo 468 de este Código.

Artículo 107

El Juez o Tribunal podrá decretar razonadamente la medida de inhabilitación para

el ejercicio de determinado derecho, profesión, oficio, industria o comercio, cargo o

empleo, por un tiempo de uno a cinco años, cuando el sujeto haya cometido con

abuso de dicho ejercicio, o en relación con él, un hecho delictivo, y cuando de la

valoración de las circunstancias concurrentes pueda deducirse el peligro de que

vuelva a cometer el mismo delito u otros semejantes, siempre que no sea posible

imponerle la pena correspondiente por encontrarse en alguna de las situaciones

previstas en los números 1º, 2º y 3º del artículo 20.

Artículo 108106

1. Si el sujeto fuere extranjero no residente legalmente en España, el Juez o

Tribunal acordará en la sentencia, previa audiencia de aquél, la expulsión del

territorio nacional como sustitutiva de las medidas de seguridad que le sean

aplicables salvo que el Juez o Tribunal, previa audiencia del Ministerio Fiscal,

excepcionalmente y de forma motivada, aprecie que la naturaleza del delito

justifica el cumplimiento en España.

La expulsión así acordada llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento

administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en

España.

En el supuesto de que, acordada la sustitución de la medida de seguridad por la

expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá al cumplimiento de la

medida de seguridad originariamente impuesta.

2. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 10 años, contados

desde la fecha de su expulsión.

3. El extranjero que intentara quebrantar una decisión judicial de expulsión y

prohibición de entrada a la que se refieren los apartados anterior, será devuelto

por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de

prohibición de entrada en su integridad.


106 Modificado por LO 11/2003. Texto anterior:

1. Si el sujeto fuere extranjero no residente legalmente en España, el Juez o Tribunal podrá

acordar, previa audiencia de aquél, la expulsión del territorio nacional como sustitutiva de las

medidas de seguridad privativas de libertad que le sean aplicables.

2. El sujeto a esta medida no podrá volver a entrar en España durante el plazo que se señale, sin

que pueda exceder de 10 años.

Código Penal - De las medidas no privativas de libertad