Código Penal - De la sustitución de las penas privativas de libertad

 

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LIBRO I

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS DELITOS Y LAS FALTAS, LAS

PERSONAS RESPONSABLES, LAS PENAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y

DEMÁS CONSECUENCIAS DE LA INFRACCIÓN PENAL

TÍTULO III

DE LAS PENAS

CAPÍTULO III

De las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de

libertad y de la libertad condicional67

SECCIÓN 2ª

De la sustitución de las penas privativas de libertad

Artículo 8877

77 Modificado por LO 15/2003. Texto anterior:

1. Los jueces o tribunales podrán sustituir, previa audiencia de las partes, en la misma

sentencia, o posteriormente en auto motivado, antes de dar inicio a su ejecución, las penas de

prisión que no excedan de un año por arresto de fin de semana o multa, aunque la ley no prevea

estas penas para el delito de que se trate, cuando las circunstancias personales del reo, la

naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado así lo

aconsejen, siempre que no se trate de reos habituales. Cada semana de prisión será sustituida por

dos arrestos de fin de semana; y cada día de prisión será sustituido por dos cuotas de multa. En

estos casos el Juez o Tribunal podrá además imponer al penado la observancia de una o varias de

las obligaciones o deberes previstos en el artículo 83 de este Código.

Excepcionalmente podrán los jueces o tribunales sustituir las penas de prisión que no excedan

de dos años a los reos no habituales cuando de las circunstancias del hecho y del culpable se infiera

que el cumplimiento de aquéllas habría de frustrar sus fines de prevención y reinserción

social. En estos casos, la sustitución se llevará a cabo con los mismos requisitos y en los mismos

términos y módulos de conversión establecidos en el párrafo anterior.

2. También podrán los jueces y Tribunales, previa conformidad del reo, sustituir las penas de

arresto de fines de semana por multa o trabajos en beneficio de la comunidad. En este caso, cada

arresto de fin de semana será sustituido por cuatro cuotas de multa o dos jornadas de trabajo.

3. En el supuesto de quebrantamiento o incumplimiento en todo o en parte de la pena sustitutiva,

la pena de prisión o de arresto de fin de semana inicialmente impuesta se ejecutará descontando,

en su caso, la parte de tiempo que se haya cumplido, de acuerdo con las reglas de conversión

respectivamente establecidas en los apartados precedentes.

4. En ningún caso se podrán sustituir penas que sean sustitutivas de otras.”


178. Los jueces o tribunales podrán sustituir, previa audiencia de las partes, en la

misma sentencia, o posteriormente en auto motivado, antes de dar inicio a su

ejecución, las penas de prisión que no excedan de un año por multa o por

trabajos en beneficio de la comunidad, y en los casos de penas de prisión que

no excedan de seis meses, también por localización permanente, aunque la Ley

no prevea estas penas para el delito de que se trate, cuando las circunstancias

personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el

esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen, siempre que no se trate

de reos habituales, sustituyéndose cada día de prisión por dos cuotas de multa o

por una jornada de trabajo o por un día de localización permanente. En estos

casos el Juez o Tribunal podrá además imponer al penado la observancia de

una o varias obligaciones o deberes previstos en el artículo 83 de este Código,

de no haberse establecido como penas en la sentencia, por tiempo que no podrá

exceder de la duración de la pena sustituida.

Excepcionalmente podrán los jueces o tribunales sustituir por multa o por multa

y trabajos en beneficio de la comunidad, las penas de prisión que no excedan de

dos años a los reos no habituales, cuando de las circunstancias del hecho y del

culpable se infiera que el cumplimiento de aquéllas habría de frustrar sus fines

de prevención y reinserción social. En estos casos, la sustitución se llevará a

cabo con los mismos requisitos y en los mismos términos y módulos de

conversión establecidos en el párrafo anterior para la pena de multa.

En el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito relacionado con la

violencia de género, la pena de prisión sólo podrá ser sustituida por la de

trabajos en beneficio de la comunidad o localización permanente en lugar

distinto y separado del domicilio de la víctima. En estos supuestos, el Juez o

Tribunal impondrá adicionalmente, además de la sujeción a programas

específicos de reeducación y tratamiento psicológico, la observancia de las

obligaciones o deberes previstos en las reglas 1.ª y 2.ª, del apartado 1 del artículo 83 de este Código79-80.


78 Modificado por LO 5/2010. Texto anterior: “Los jueces o tribunales podrán sustituir, previa

audiencia de las partes, en la misma sentencia, o posteriormente en auto motivado, antes de dar

inicio a su ejecución, las penas de prisión que no excedan de un año por multa o por trabajos en

beneficio de la comunidad, aunque la ley no prevea estas penas para el delito de que se trate,

cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular,

el esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen, siempre que no se trate de reos

habituales, sustituyéndose cada día de prisión por dos cuotas de multa o por una jornada de

trabajo. En estos casos el juez o tribunal podrá además imponer al penado la observancia de una o

varias obligaciones o deberes previstos en el artículo 83 de este Código, de no haberse

establecido como penas en la sentencia, por tiempo que no podrá exceder de la duración de la

pena sustituida. Excepcionalmente podrán los jueces o tribunales sustituir por multa o por multa y

trabajos en beneficio de la comunidad, las penas de prisión que no excedan de dos años a los reos

no habituales, cuando de las circunstancias del hecho y del culpable se infiera que el cumplimiento

de aquéllas habría de frustrar sus fines de prevención y reinserción social. En estos casos, la

sustitución se llevará a cabo con los mismos requisitos y en los mismos términos y módulos de

conversión establecidos en el párrafo anterior para la pena de multa. En el caso de que el reo

hubiera sido condenado por un delito relacionado con la violencia de género, la pena de prisión

sólo podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad. En estos supuestos, el

Juez o Tribunal impondrá adicionalmente, además de la sujeción a programas específicos de

reeducación y tratamiento psicológico, la observancia de las obligaciones o deberes previstos en

las reglas 1ª. y 2ª. del apartado 1 del artículo 83 de este Código”.


2. En el supuesto de incumplimiento en todo o en parte de la pena sustitutiva, la

pena de prisión inicialmente impuesta se ejecutará descontando, en su caso, la

parte de tiempo a que equivalgan las cuotas satisfechas, de acuerdo con la regla

de conversión establecida en el apartado precedente.

3. En ningún caso se podrán sustituir penas que sean sustitutivas de otras.


79 Párrafo modificado inicialmente por LO 1/2004. Texto anterior: “En el caso de que el reo hubiera

sido condenado por el delito tipificado en el artículo 173.2 de este Código, la pena de prisión sólo

podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad. En estos supuestos el juez o

tribunal impondrá adicionalmente, además de la sujeción a programas específicos de reeducación

y tratamiento psicológico, la observancia de las obligaciones o deberes previstos en los números 1

y 2 del apartado primero del artículo 83 de este Código.”.

80 Vid. art. 42 LO 1/2004:

1.La Administración penitenciaria realizará programas específicos para internos condenados por

delitos relacionados con la violencia de género.

2.Las Juntas de Tratamiento condicionarán, en las progresiones de grado, concesión de

permisos y concesión de la libertad condicional, el seguimiento y aprovechamiento de dichos

programas específicos por parte de los internos a que se refiere el apartado anterior.

3.Para la concesión de cualquier beneficio penitenciario deberá ser previamente informada y

recabada por la administración penitenciaria la situación de la víctima quién tendrá derecho a ser

oída previamente a la resolución o concesión del mismo.”


Artículo 8981-82



81 Apartados 1 a 3 modificados previamente por LO 11/2003. Texto anterior:

1. Las penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a un extranjero no residente

legalmente en España podrán ser sustituidas por su expulsión del territorio nacional. Igualmente,

los jueces o Tribunales, a instancia del Ministerio Fiscal, podrán acordar la expulsión del territorio

nacional del extranjero condenado a pena de prisión igual o superior a seis años, siempre que

haya cumplido las tres cuartas partes de la condena. En ambos casos será necesario oír

previamente al penado.

2. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de tres a 10 años contados desde la

fecha de su expulsión, atendida la duración de la pena impuesta. Si regresare antes de dicho

término, cumplirá las penas que le hayan sido sustituidas.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el extranjero que intentara quebrantar una

decisión judicial de expulsión con prohibición expresa de regresar al territorio español y fuese

sorprendido en la frontera, será expulsado por la autoridad gubernativa.”

82 Modificado por LO 5/2010. Texto anterior: “1. Las penas privativas de libertad inferiores a seis

años impuestas a un extranjero no residente legalmente en España serán sustituidas en la

sentencia por su expulsión del territorio español salvo que el Juez o Tribunal, previa audiencia del

Ministerio Fiscal, excepcionalmente y de forma motivada, aprecie que la naturaleza del delito

justifica el cumplimiento de la condena en un centro penitenciario en España.

Igualmente, los jueces o Tribunales, a instancia del Ministerio Fiscal, acordarán en sentencia la

expulsión del territorio nacional del extranjero no residente legalmente en España condenado a

pena de prisión igual o superior a seis años, en el caso de que se acceda al tercer grado

penitenciario o una vez que se entiendan cumplidas las tres cuartas partes de la condena, salvo

que, excepcionalmente y de forma motivada, aprecien que la naturaleza del delito justifica el

cumplimiento de la condena en un centro penitenciario en España.

La expulsión se llevará a efecto sin que sea de aplicación lo dispuesto en los artículos 80, 87 y

88 del Código Penal.

La expulsión así acordada llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por

objeto la autorización para residir o trabajar en España.

En el supuesto de que, acordada la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión,

ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá al cumplimiento de la pena privativa de libertad

originariamente impuesta o del período de condena pendiente.

2. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 10 años, contados desde la fecha de

su expulsión y, en todo caso, mientras no haya prescrito la pena.

3. El extranjero que intentara quebrantar una decisión judicial de expulsión y prohibición de

entrada a la que se refieren los apartados anteriores, será devuelto por la autoridad gubernativa,

empezando a computarse de nuevo el plazo

4. Las disposiciones establecidas en los apartados anteriores no será de aplicación a los extranjeros que hubieren sido condenados por la comisión de delitos a que se refieren los artículos

312, 318 bis, 515. 6º y 518 del Código penal [apartado añadido por LO 8/2000, DA 2ª]”.


1. Las penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a un

extranjero no residente legalmente en España serán sustituidas en la sentencia,

por su expulsión del territorio español, salvo que el Juez o Tribunal,

previa audiencia penado, del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, de

forma motivada, aprecie razones que justifiquen el cumplimiento de la condena

en un centro penitenciario en España.

También podrá acordarse la expulsión en auto motivado posterior, previa

audiencia del penado, del Ministerio Fiscal y de las demás partes personadas.

2. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años,

contados desde la fecha de su expulsión, atendidas la duración de la pena

sustituida y las circunstancias personales del penado.

3. La expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento

administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en

España.

4. Si el extranjero expulsado regresara a España antes de transcurrir el período

de tiempo establecido judicialmente, cumplirá

las penas que fueron sustituidas. No obstante, si fuera sorprendido en la

frontera, será expulsado directamente por la autoridad gubernativa, empezando

a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad.

5. Los jueces o tribunales, a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia del

penado y de las partes personadas, acordarán, en sentencia o durante su

ejecución, la expulsión del territorio nacional del extranjero no residente

legalmente en España, que hubiera de cumplir o estuviera cumpliendo cualquier

pena privativa de libertad, para el caso de que hubiera accedido al tercer grado

penitenciario o cumplido las tres cuartas partes de la condena, salvo que previa

audiencia del Ministerio Fiscal y de forma motivada aprecien razones que

justifiquen el cumplimiento en España.

6. Cuando, al acordarse la expulsión en cualquiera de los supuestos previstos en

este artículo, el extranjero no se encuentre o no quede efectivamente privado de

libertad en ejecución de la pena impuesta, el Juez o Tribunal podrá acordar, con

el fin de asegurar la expulsión, su ingreso en un centro de internamiento de

extranjeros, en los términos y con los límites y garantías previstos en la Ley para

la expulsión gubernativa.

En todo caso, si acordada la sustitución de la pena privativa de libertad por la

expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá a la ejecución de la

pena originariamente impuesta o del período de condena pendiente, o a la

aplicación, en su caso, de la suspensión de la ejecución de la misma o su

sustitución en los términos del artículo 88 de este Código.

7. Las disposiciones establecidas en los apartados anteriores no serán de

aplicación a los extranjeros que hubieran sido condenados por la comisión de

delitos a que se refieren los artículos 312, 313 y 318 bis de este Código.



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